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Wednesday, 22 July 2015 14:31

La ley sobre el autoconsumo.

Written by Mª Jesús García Cachafeiro

Este asunto no resulta fácil de simplificar. Hay que saber un poquito sobre cómo funciona nuestro sistema eléctrico. Y aún así, aunque tengamos un barniz, se necesita tiempo para reflexionar. Qué frecuente correr a opinar sin poso alguno. Porque ya enfadan al más pacientes los contertulios de acá y de acullá que opinan de todo, ¡ qué nivel de debate de barra de bar, por Dios!. Dicho esto, creo que uno no debe perder de vista que desenmascarar y tratar de buscar la verdad es cada día una aventura difícil, pero en modo alguno imposible. Porque no nos quejemos, medios hay y solo hay que perder el tiempo necesario.

Así que efectivamente se ha presentado el Proyecto de Ley de Autoconsumo. No voy a entrar en detalles. A mí el tema me interesa. Nos debería interesar a todos, porque vamos en una deriva que no admite que miremos para otro lado.

Me da la impresión que la razón de todo este asunto de penalizar el autoconsumo energético responde a la situación de sobrecapacidad de la industria generadora. Sobre las finanzas y situación de las centrales de ciclo combinado, se ha hecho eco la prensa. Si estas centrales , de reciente historia en nuestro país (la primera se instaló en 2002) están operando por debajo de su potencial, con fuertes inversiones detrás, es legítimo tratar de buscar alguna solución. Parece razonable. Acaso la interconexión con Francia pudiera dar salida al exceso de capacidad de generación. Pero de ahí a imposibilitar el autoconsumo energético parece que debería haber un largo trecho, sobre todo si pretendemos asumir como propios los objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero. Por cierto, recomiendo muchísimo el libro de Naomi Klein "This changes everything", ya editado en España.

Retomando el hilo de lo que les contaba el otro día, no parece tan complicado invertir en economía productiva. A lo mejor las redes de networking –en las que sus asociados se dan trabajo los unos a los otros, o las tradicionales asociaciones gremiales deberían pensarlo detenidamente. Particularmente voy a proponerlo en alguna.

Por qué no financiar entre todos a las empresas (jurídicas o físicas). ¿Qué hemos da hacer?. Hasta ahora diría que los pasos eran relativamente sencillos. En primer lugar constituir una empresa para dar el servicio de mediación entre los prestatarios y los inversionistas. Esa empresa debía disponer de la aplicación informática correspondiente, soporte fundamental para la comunicación y el ejercicio de la actividad. En segundo lugar, definir las obligaciones propias asumiendo el mínimo de responsabilidad y, consiguientemente, delegando en los prestatarios la responsabilidad en la elección de los proyectos. Ello aunque se verificase un cierto control, estudiando un mínimo la viabilidad del que solicita financiación. Algunas plataformas exigen garantías personales de los administradores e incluso los socios (es el caso de Zencap Spain SL). Naturalmente, el negocio está en financiar, no en donar. Y finalmente habrá que documentar los contratos, cumplir con lo acordado, gestionar los cobros y pagos.

Como en España no existía legislación específica, las plataformas no tenían que reunir requisitos especiales, no estaban sometidas a los controles que sí rigen para las empresas de servicios financieras. Con la promulgación de la Ley 5/2015 habrán de adaptarse a los nuevos tiempos, todas ellas. Para ejercer la actividad existirá un control previo de la CNMV y un informe del Banco de España. Ni la una ni el otro supervisarán las operaciones concretas. Deberán contar con un capital social mínimo desembolsado de 60.000 euros y un seguro de responsabilidad civil (300.00 euros). Por su parte los prestatarios tendrán que ser empresas españolas o de la UE y no podrán obtener más de 2.000.000 euros o 5.000.000 si obtienen los fondos de inversores acreditados. Porque lo inversores acreditados son aquellos de mayor capacidad económica, deben probarlo, mientras que los pequeños ahorradores sólo podrán invertir anualmente un máximo de 10.000 euros, 3.000 euros de tope por proyecto.

Y bien, ¿nos lanzamos a ello?.

Tuesday, 23 June 2015 14:12

Angel Summit en Madrid.

Written by Mª Jesús García Cachafeiro
La próxima semana se desarrolla en Madrid una feria sobre financiación privada, la que proporcionan los conocidos Business Angels. ¡Será por el inglés!. Con independencia de las tendencias en el mercado y los objetivos que los asistentes puedan perseguir, es lo cierto que ya funcionan en España plataformas de crowdlending, esto es, de préstamos masivos. Hasta ahora no tenían en nuestro ordenamiento jurídico tratamiento específico, pero al amparo de la libertad de pactos, ninguna norma se oponía a su existencia. A fin de cuentas no dejan de ser préstamos entre particulares otorgados y gestionados a través de un intermediario (la plataforma). Sin embargo con la promulgación de la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial (BOE 28/4/2015) se han establecido ciertos controles sobre el funcionamiento de las plataformas, la cuantía de los préstamos, o las partes intervinientes. La consultora Massolution en su informe 2015CF-Crowdfunding Industry Report,da información de interés en relación a la evolución de este mercado.

Estos días he estado brujuleando en las webs de las plataformas que ya venían funcionando. Les dejo los nombres por si pudiera ser de interés: Zencap (Zencap Spain Sl), LoanBook (LoanBook Capital SL), Grow.ly, Comunitae, Zank, Arborius, Bondora, Circulanti, Lendico, MytripleA, y, por último, Ecrowd. Parece que todavía no se han adaptado a las exigencias de la ley. Seguiremos estando sobre ello. Más adelante les contaré cómo funcionan estas operaciones.

Lo habrán leído, porque ha salido en varios medios y además es una verdad cantada a gritos. Desde 1970 se han dictado en España más de 40.000 normas estatales. Así lo ha indicado la CEOE en su informe Legislar menos, legislar mejor. Bueno, alguno pensará, no es para tanto, 40.000 en 45 años, sale a 889 normas por año, redondeando, una nadería. Más negocio para los abogados.

Naturalmente, una nadería. Ese número no comprende ni la legislación de las Comunidades Autónomas ni el Derecho comunitario. En fin, que no es inabarcable, dirán. Los técnicos tienen obligación de conocer las normas, cómo no, y además los particulares no pueden excusarse en el desconocimiento para no cumplirlas.

Y ahí es donde entra la desazón del ejercicio profesional.  Cada consulta supone un esfuerzo mayúsculo, porque hay que ir a buscar la información, vaya Ud. a saber dónde. Algo equiparable a las 356.897.450 millones de referencias que aparecen en San Google cuando inicias la búsqueda sin criterio. Y es que es así. Porque los clientes llegan pertrechados con su background, ya desbrozado el camino vaya. Y en buena medida, tienen razón, porque el Jurista cada vez tiene menos espacio, y más el burócrata. De nada sirve ya pensar y saber qué quiere decir la aplicación de las normas en el tiempo o en el espacio, qué es un contrato. Vaya, ¿para qué?, ¿es estrictamente necesario?. Pues no, siempre queda el cortar y pegar.

Siempre queda el cortar y pegar.

 

Lo habrán leído, porque ha salido en varios medios y además es una verdad cantada a gritos. Desde 1970 se han dictado en España más de 40.000 normas estatales. Así lo ha indicado la CEOE en su informe Legislar menos, legislar mejor. Bueno, alguno pensará, no es para tanto, 40.000 en 45 años, sale a 889 normas por año, redondeando, una nadería. Más negocio para los abogados.

 

Naturalmente, una nadería. Ese número no comprende ni la legislación de las Comunidades Autónomas ni el Derecho comunitario. En fin, que no es inabarcable, dirán. Los técnicos tienen obligación de conocer las normas, cómo no, y además los particulares no pueden excusarse en el desconocimiento para no cumplirlas.

 

Y ahí es donde entra la desazón del ejercicio profesional. Cada consulta supone un esfuerzo mayúsculo, porque hay que ir a buscar la información, vaya Ud. a saber dónde. Algo equiparable a las 356.897.450 millones de referencias que aparecen en San Google cuando inicias la búsqueda sin criterio. Y es que es así. Porque los clientes llegan pertrechados con su background, ya desbrozado el camino vaya. Y en buena medida, tienen razón, porque el Jurista cada vez tiene menos espacio, y más el burócrata. De nada sirve ya pensar y saber qué quiere decir la aplicación de las normas en el tiempo o en el espacio, qué es un contrato. Vaya, ¿para qué?, ¿es estrictamente necesario?. Pues no, siempre queda el cortar y pegar.

No sé si lo conocen y no lo voy a dar por supuesto. Sigo y leo puntualmente el boletín de noticias que me envía el Icex. De forma fácil, gratuita y accesible, uno se da de alta y se aprovecha de los recursos de un sitio idóneo para enterarse de noticias e información de fondo de mucho interés. Muchos de sus informes son de extremada utilidad. Naturalmente la calidad de los mismos depende de su autor, muchas veces agente en el terreno. Pero suelen ser exhaustivos y contemplar todas las variables “país” que cualquier empresa debería tener en cuenta a la hora de preparar su internacionalización. Por mi experiencia, los funcionarios (no en sentido técnico) que atienden las oficinas comerciales se muestran afables y facilitadores.

Y porque recibo puntualmente el boletín, llego a enterarme, porque no aparece ninguna otra referencia en Google (insto a comprobarlo) de un nuevo escándalo financiero, esta vez en Hungría.

Pues al parecer una agencia de Brókeres comercializaba productos financieros con rendimientos garantizados y lo hacía con una lamentable y entiendo voluntaria confusión, la de entremezclar lo propio con lo ajeno.

Para no hacer el cuento muy largo, me remito al Informe que ha elaborado la Oficina comercial en Budapest. Las pérdidas se estiman en 100 mil millones de forintos , ergo si los ceros no me bailan y el conversor de divisas tampoco, 326 millones de euros que habrán de afrontar los ahorradores y el Estado. Ya se imaginarán el tumulto que ha azotado al país.

Dejo constancia para el futuro de los avatares y peregrinajes de ventanilla que he realizado hoy. En un primer momento la página web de la Agencia Tributaria me permitió realizar y presentar correctamente la declaración de Iva correspondiente al trimestre, con cuota de ingreso realizado con cargo en la cuenta bancaria correspondiente.

Pero cuando iba a realizar el pago fraccionado de Renta (modelo 130) y el pago de las retenciones (modelo 111) resultó imposible porque la página estaba colapsada. Después de una hora luchando me dirigí a la Delegación de Hacienda.

El lugar estaba atestado. Una funcionarias ejemplares me indicaron que si la declaración era negativa (y dos de las que tenía que hacer lo eran) debía imprimir el modelo de la declaración al modo tradicional, presentarla de esta forma incorrecta por ventanilla, y mañana subsanar cuando la página ya estuviese operativa. Me aseguraron que respetarían la fecha en plazo.

Para llegar a esta conclusión, hube de esperar 30 minutos mientras la funcionaria atendía a otro contribuyente. Explicado el caso me indicó que subiese a la planta segunda al Servicio de Informática tributaria y explicase allí el problema. Así lo hice. Volví a bajar y en Información me imprimieron dos formularios porque la página no me permitía hacerlo. Acudí después a las ventanillas de presentación de las declaraciones donde me sellaron los impresos en el entendido de que después subsanaría por vía correcta.

Pero todavía tenía el problema de mis declaraciones positivas 130 y 111. Me dirigí al Banco y obtuve sendos NCRs, algo así como un ingreso sin declaración. No obstante he de completar la jugada cuando la página esté operativa, a ser posible hoy, para no incurrir en la infracción de no haber presentado las autoliquidaciones en el medio establecido por la norma correspondiente. Ya sabemos que no hacerlo puede llevar acarreada la imposición de una sanción de 1500 euros.

¿Intuyen cuánto tiempo he pasado en esto?.

Transcribo un extracto del artículo de María del Mar Jimenez Navas en relación a la no presentación telemática de autoliquidaciones o declaraciones.

El precepto dice lo siguiente:

“Artículo 199 Infracción tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información

1. Constituye infracción tributaria presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública, o contestaciones a requerimientos individualizados de información.

También constituirá infracción tributaria presentar las autoliquidaciones, declaraciones o los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.

Las infracciones previstas en este artículo serán graves y se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.

Número 1 del artículo 199 redactado por el número once del artículo 1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude («B.O.E.» 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2012

.Si se presentan de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones, declaraciones o documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros.

Si se presentan por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 1.500 euros.

Número 2 del artículo 199 redactado por el número once del artículo 1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude («B.O.E.» 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2012

Si se presentan declaraciones censales incompletas, inexactas o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 250 euros.”.

“Una de las modificaciones más relevantes es la acometida respecto del artículo 199 de la LGT. En este sentido, se introduce una nueva infracción tributaria –calificada como grave– consistente en la presentación de documentos por medios distintos a los electrónicos, informáticos o telemáticos en los casos en que se requiera dicha forma. En este orden, se establece una sanción general que asciende a 1500 €. En los supuestos de declaraciones informativas que no tengan datos expresados en magni­tudes dinerarias, la sanción ascenderá a 100 € por dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad, con un mínimo de 1500 €. En caso de declaraciones informativas que tengan por

objeto datos expresados en magnitudes dinerarias la sanción es del 1 por 100 del importe de las ope­raciones declaradas por medios distintos con un mínimo de 1500 €.

La nueva infracción tipificada castiga de manera severa no ya la falta de presentación de documentos en un procedimiento, sino la presentación a través de un medio diferente al requerido. La disciplina fiscal no se caracteriza precisamente por exigir requisitos de forma específicos. Por otro lado, las nue­vas tecnologías se están implantando todavía en nuestro sistema fiscal; estamos ante un proceso abierto de adaptación de los ciudadanos a los nuevos medios utilizados para cumplimentar las obliga­ciones con Hacienda. La sociedad de la información debe servir de apoyo a los ciudadanos en la ges­tión de sus impuestos y por este motivo no creemos que deba convertirse en objeto de sanción, la conducta de un ciudadano que acata el derecho pero en la forma que tradicionalmente se ha venido realizando. Por esta vía puede ocurrir que un sujeto pasivo comparezca ante la Administración tributa­ria con toda la documentación requerida y que sea sancionado puesto que la forma no es la indicada.

Por otro lado, no se prevé la posibilidad de arrepentimiento espontáneo del presentador del documen­to o la subsanación del error formal, cuando, de hecho, la conducta del obligado tributario no tiene por qué responder en este supuesto preciso a un ánimo de defraudar. El supuesto de hecho regulado en la norma presupone la presentación del documento, es decir, la puesta a disposición de la Adminis­tración de la información requerida, por lo que a nuestro juicio, la infracción no se sostiene. Se eleva a categoría de infracción con su correspondiente sanción, un error perfectamente subsanable que no procede de acciones u omisiones fraudulentas de los administrados” (María del Mar Jiménez Navas, El debilitamiento de los derechos y garantías de los obligados tributarios como consecuencia de las medidas sancionadoras introducidas por la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal en Instituto de Estudios Fiscales Doc. 16/2013).

Me temo que soy una de las “sujetas” infractoras porque he tenido no pocos problemas para presentar algunas de las liquidaciones. En próximos comentarios hablaré de alguna sentencia que parece confirmar sin más la adecuación a Derecho de este severísimo régimen sancionador.

Leo una  noticia en Expansión sobre el fondo de pensiones noruego  nutrido por los dineros de los excedentes del petróleo. Al parecer ha votado en contra de algunas de los temas discutidos en las Juntas Generales de Accionistas  de las 72 sociedades españolas en las que es accionista minoritario. Se ha opuesto a la reelección de algunos presidentes y consejeros, ha votado en contra de la ampliación de capital, etc.  Me llama la atención porque da la impresión de que en nuestro país nadie se atreve a chistar ni siquiera en los consejos de administración donde se han venido “colando” toda suerte de irregularidades.

La noticia puede  leerse en Expansión pero me instó a tirar del hilo y averiguar algo más. Ya en tiempos el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en colaboración con Intermon Oxfam había hablado de este fondo así como de la Ley Fabius francesa como ejemplos de gestión ética de los recursos. Así no invierten en Compañías como Wal Mart –por violación de los derechos humanos- o Freeport  -por los severos daños ambientales  que causan sus  explotaciones de cobre en Nueva Guinea- .

El fondo noruego publica una lista de empresas vetadas en las que no invierte. Entre las españolas figura Río Tinto por daños ambientales.
www.nbim.no/en/responsability/exclusion-of-companies

Wednesday, 25 March 2015 08:36

Cláusula rebus sic stantibus.

Written by Fernando García Agudín

¿Existe una nueva causa de extinción de las obligaciones de pago además de las contempladas en el Código Civil? Referencia a la cláusula rebus sic stantibus.

Parece innecesario recordar que, según el artículo 1.156 del Código Civil las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, la condonación de la deuda, la confusión de los derechos de acreedor y deudor , la compensación y la novación , actos o negocios jurídicos sobradamente conocidos y sobre los que existe abundante jurisprudencia que hemos aprendido en la Facultad.

Los viejos manuales nos hablaban ya de esa cláusula rebus sic stantibus, que suponía una especie de condición tácita para la exigencia de pago por el acreedor: en todo caso era obligado el “mantenimiento de las circunstancias” que habían sido tenidas en cuenta por los contratantes, pues en otro caso y si hubiere una mutación importante de las que habían presidido y determinado la causa del contrato, podría surgir un justificado impago –al menos parcial- de la prestación convenida.

Pues bien, más allá de la fuerza mayor o el caso fortuito o, “en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible”, según el artículo 1.184 del Código Civil, algunos Juzgados de Instancia y el Tribunal Supremo, que es más importante por su posible consideración como fuente del Derecho, han echado mano de esa cláusula para justificar el incumplimiento de un contrato generador de obligaciones bilaterales, y así, tras recordar su aplicación como de “peligrosa y cautelosa admisión” segun la jurisprudencia, instaura “la aplicación normalizada de esta figura al declarar con sus anteriores Sentencias de 17 y 18 de Enero de 2013… que la actual crisis económica de efectos profundos y prolongados de recesión puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave transtorno o mutación de las circunstancias”, con su traducción “en el marco de la eficacia causal de la relación negocial derivada de su imprevisibilidad contractual y de la ruptura de la base económica del contrato”.

La Sentencia 591/2014, de 15 de Octubre de 2014, da base para alegaciones suficientes en contra de la pura y simple exigencia de pago por el acreedor, beneficiado en exceso por la alteración de las circunstancias.

He venido leyendo en la prensa las sucesivas comunicaciones de las plataformas de afectados por la Hepatitis C. Y amén de que es fácil tener a alguien próximo que padezca la enfermedad, elementales consideraciones de solidaridad obligan a plantearse qué puede hacerse ante esta situación. Y planteárselo desde la perspectiva de la disciplina o saber de cada uno. A fin de cuentas no somos lectores cualesquiera de los diarios, sino dotados de una herramienta extremadamente útil, cual es el Derecho. Aunque éste sea una realidad de lo más líquida (Bauman) en nuestros días.

Pues bien, no sé si tendrá viabilidad una querella por omisión del deber de socorro, como apuntan los afectados. Le veo poca, la verdad, tras el análisis de la jurisprudencia que ha interpretado el tipo penal correspondiente. Sin embargo no parece descabellado asumir que aquellos que ya hayan de lamentar una pérdida humana, los herederos de algún paciente a quien se haya denegado injustificadamente el tratamiento, puedan acudir a los Tribunales, previa reclamación en vía administrativa, para que se declare la responsabilidad patrimonial de la Administración.
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