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Transcribo un extracto del artículo de María del Mar Jimenez Navas en relación a la no presentación telemática de autoliquidaciones o declaraciones.

El precepto dice lo siguiente:

“Artículo 199 Infracción tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información

1. Constituye infracción tributaria presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública, o contestaciones a requerimientos individualizados de información.

También constituirá infracción tributaria presentar las autoliquidaciones, declaraciones o los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.

Las infracciones previstas en este artículo serán graves y se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.

Número 1 del artículo 199 redactado por el número once del artículo 1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude («B.O.E.» 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2012

.Si se presentan de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones, declaraciones o documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros.

Si se presentan por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 1.500 euros.

Número 2 del artículo 199 redactado por el número once del artículo 1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude («B.O.E.» 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2012

Si se presentan declaraciones censales incompletas, inexactas o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 250 euros.”.

“Una de las modificaciones más relevantes es la acometida respecto del artículo 199 de la LGT. En este sentido, se introduce una nueva infracción tributaria –calificada como grave– consistente en la presentación de documentos por medios distintos a los electrónicos, informáticos o telemáticos en los casos en que se requiera dicha forma. En este orden, se establece una sanción general que asciende a 1500 €. En los supuestos de declaraciones informativas que no tengan datos expresados en magni­tudes dinerarias, la sanción ascenderá a 100 € por dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad, con un mínimo de 1500 €. En caso de declaraciones informativas que tengan por

objeto datos expresados en magnitudes dinerarias la sanción es del 1 por 100 del importe de las ope­raciones declaradas por medios distintos con un mínimo de 1500 €.

La nueva infracción tipificada castiga de manera severa no ya la falta de presentación de documentos en un procedimiento, sino la presentación a través de un medio diferente al requerido. La disciplina fiscal no se caracteriza precisamente por exigir requisitos de forma específicos. Por otro lado, las nue­vas tecnologías se están implantando todavía en nuestro sistema fiscal; estamos ante un proceso abierto de adaptación de los ciudadanos a los nuevos medios utilizados para cumplimentar las obliga­ciones con Hacienda. La sociedad de la información debe servir de apoyo a los ciudadanos en la ges­tión de sus impuestos y por este motivo no creemos que deba convertirse en objeto de sanción, la conducta de un ciudadano que acata el derecho pero en la forma que tradicionalmente se ha venido realizando. Por esta vía puede ocurrir que un sujeto pasivo comparezca ante la Administración tributa­ria con toda la documentación requerida y que sea sancionado puesto que la forma no es la indicada.

Por otro lado, no se prevé la posibilidad de arrepentimiento espontáneo del presentador del documen­to o la subsanación del error formal, cuando, de hecho, la conducta del obligado tributario no tiene por qué responder en este supuesto preciso a un ánimo de defraudar. El supuesto de hecho regulado en la norma presupone la presentación del documento, es decir, la puesta a disposición de la Adminis­tración de la información requerida, por lo que a nuestro juicio, la infracción no se sostiene. Se eleva a categoría de infracción con su correspondiente sanción, un error perfectamente subsanable que no procede de acciones u omisiones fraudulentas de los administrados” (María del Mar Jiménez Navas, El debilitamiento de los derechos y garantías de los obligados tributarios como consecuencia de las medidas sancionadoras introducidas por la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal en Instituto de Estudios Fiscales Doc. 16/2013).

Me temo que soy una de las “sujetas” infractoras porque he tenido no pocos problemas para presentar algunas de las liquidaciones. En próximos comentarios hablaré de alguna sentencia que parece confirmar sin más la adecuación a Derecho de este severísimo régimen sancionador.

Leo una  noticia en Expansión sobre el fondo de pensiones noruego  nutrido por los dineros de los excedentes del petróleo. Al parecer ha votado en contra de algunas de los temas discutidos en las Juntas Generales de Accionistas  de las 72 sociedades españolas en las que es accionista minoritario. Se ha opuesto a la reelección de algunos presidentes y consejeros, ha votado en contra de la ampliación de capital, etc.  Me llama la atención porque da la impresión de que en nuestro país nadie se atreve a chistar ni siquiera en los consejos de administración donde se han venido “colando” toda suerte de irregularidades.

La noticia puede  leerse en Expansión pero me instó a tirar del hilo y averiguar algo más. Ya en tiempos el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en colaboración con Intermon Oxfam había hablado de este fondo así como de la Ley Fabius francesa como ejemplos de gestión ética de los recursos. Así no invierten en Compañías como Wal Mart –por violación de los derechos humanos- o Freeport  -por los severos daños ambientales  que causan sus  explotaciones de cobre en Nueva Guinea- .

El fondo noruego publica una lista de empresas vetadas en las que no invierte. Entre las españolas figura Río Tinto por daños ambientales.
www.nbim.no/en/responsability/exclusion-of-companies

Wednesday, 25 March 2015 08:36

Cláusula rebus sic stantibus.

Written by Fernando García Agudín

¿Existe una nueva causa de extinción de las obligaciones de pago además de las contempladas en el Código Civil? Referencia a la cláusula rebus sic stantibus.

Parece innecesario recordar que, según el artículo 1.156 del Código Civil las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, la condonación de la deuda, la confusión de los derechos de acreedor y deudor , la compensación y la novación , actos o negocios jurídicos sobradamente conocidos y sobre los que existe abundante jurisprudencia que hemos aprendido en la Facultad.

Los viejos manuales nos hablaban ya de esa cláusula rebus sic stantibus, que suponía una especie de condición tácita para la exigencia de pago por el acreedor: en todo caso era obligado el “mantenimiento de las circunstancias” que habían sido tenidas en cuenta por los contratantes, pues en otro caso y si hubiere una mutación importante de las que habían presidido y determinado la causa del contrato, podría surgir un justificado impago –al menos parcial- de la prestación convenida.

Pues bien, más allá de la fuerza mayor o el caso fortuito o, “en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible”, según el artículo 1.184 del Código Civil, algunos Juzgados de Instancia y el Tribunal Supremo, que es más importante por su posible consideración como fuente del Derecho, han echado mano de esa cláusula para justificar el incumplimiento de un contrato generador de obligaciones bilaterales, y así, tras recordar su aplicación como de “peligrosa y cautelosa admisión” segun la jurisprudencia, instaura “la aplicación normalizada de esta figura al declarar con sus anteriores Sentencias de 17 y 18 de Enero de 2013… que la actual crisis económica de efectos profundos y prolongados de recesión puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave transtorno o mutación de las circunstancias”, con su traducción “en el marco de la eficacia causal de la relación negocial derivada de su imprevisibilidad contractual y de la ruptura de la base económica del contrato”.

La Sentencia 591/2014, de 15 de Octubre de 2014, da base para alegaciones suficientes en contra de la pura y simple exigencia de pago por el acreedor, beneficiado en exceso por la alteración de las circunstancias.

He venido leyendo en la prensa las sucesivas comunicaciones de las plataformas de afectados por la Hepatitis C. Y amén de que es fácil tener a alguien próximo que padezca la enfermedad, elementales consideraciones de solidaridad obligan a plantearse qué puede hacerse ante esta situación. Y planteárselo desde la perspectiva de la disciplina o saber de cada uno. A fin de cuentas no somos lectores cualesquiera de los diarios, sino dotados de una herramienta extremadamente útil, cual es el Derecho. Aunque éste sea una realidad de lo más líquida (Bauman) en nuestros días.

Pues bien, no sé si tendrá viabilidad una querella por omisión del deber de socorro, como apuntan los afectados. Le veo poca, la verdad, tras el análisis de la jurisprudencia que ha interpretado el tipo penal correspondiente. Sin embargo no parece descabellado asumir que aquellos que ya hayan de lamentar una pérdida humana, los herederos de algún paciente a quien se haya denegado injustificadamente el tratamiento, puedan acudir a los Tribunales, previa reclamación en vía administrativa, para que se declare la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Dejo un resumen de la problemática tratada en algunas consultas del Dirección General de Tributos. Los clientes que han ganado el pleito con costas no entienden que los profesionales tenemos que cobrarles, a ellos, y sólo después obtener el resarcimiento del contrario. La tasación de costas es el procedimiento adecuado. Y amén de que ambos importes pueden no coincidir, pues hay conceptos que no son incluibles en la tasación, surgen otras dudas sobre la inclusión o no del Iva, y el derecho de la parte condenada a su pago a obtener una factura. Las consultas que se transcriben son la respuesta de la Dirección General de Tributos que acabó por admitir que, se puede consignar el Iva, y como tal el condenado ha de pagarlo, pero no puede obtener una factura a su nombre. Y en relación a la retención, ha de practicarla el propio cliente, cuando esté obligado a ello.

DGT Consulta de 230 de noviembre de 2007.

El artículo 4, apartado uno, de Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 29), dispone que están sujetas a dicho impuesto las entregas de bien es y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional.

2.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78, apartado tres, número 1º, de la Ley 37/1992, no forman parte de la base imponible del Impuesto las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las contempladas en el apartado anterior de dicho precepto que, por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto.

El pago del importe de la condena en costas por la parte perdedora en un proceso implica la indemnización a la parte ganadora de los gastos en que incurrió, entre otros, por servicios de asistencia jurídica y que son objeto de cuantificación en vía judicial. Habida cuenta de esta naturaleza indemnizatoria, no procede repercusión alguna del tributo por la parte ganadora a la perdedora, ya que no hay operación sujeta al mismo que sustente dicha repercusión. Igualmente, no habiendo operación sujeta a tributación, no procede la expedición de factura a estos efectos, sin perjuicio de la expedición de cualquier otro documento con el que se justifique el cobro del importe correspondiente. Lo señalado anteriormente debe entenderse en todo caso sin perjuicio de la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de los servicios que pudieran haberle sido prestados a la parte que ha de percibir las cantidades en concepto de costas judiciales por empresarios o profesionales que actúen en el ejercicio independiente de su actividad empresarial o profesional (por ejemplo, abogados y procuradores),con independencia del hecho de que sea precisamente el importe de tales servicios, en su caso, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, el que haya de tenerse en cuenta para determinar las costas judiciales que habrá de satisfacerle la otra parte en el proceso.

En este sentido hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2005 (Nº de recurso 3027/1999), que en su Fundamento de Derecho primero, tercer párrafo, señala lo siguiente: “Sentado lo anterior, en lo que atañe al argumento del impugnante éste debe ser desestimado, ya que el sujeto pasivo del IVA, el Letrado y Procurador en este caso, viene obligado a repercutir su importe sobre la persona para quien se realiza la operación gravada y aquella no es otra que la recurrida quien en virtud de la condena en costas no hace sino obtener el reintegro de lo abonado de quien resulta vencido en el proceso. No estamos ante un supuesto de repercusión del IVA en el Estado sino ante el reintegro al litigante que obtiene una sentencia favorable con condena en costas, por parte de quien resulta condenada en tal concepto, de los gastos por aquél realizados.”

De acuerdo con lo expuesto, ninguno de los profesionales que intervinieron en el procedimiento judicial está obligado a expedir factura al consultante con ocasión del pago de las costas a las que ha sido condenado el mismo, como parte perdedora en dicho proceso”.

En igual sentido, DGT 7 de febrero de 2011.

Tuesday, 03 March 2015 12:47

Spain´s housing market.

Written by Administrator
According to data provided by Global Property Guide, Spain´s housing market is just beginning to recover slightly. Although the capital, Madrid, is still suffering from continuous drops in prices, some regions, such as Balear and Canary islands, have shown better behavior over the last year. Barcelona is the only metropolitan area whose sellers have managed to achieve income in 2014.

Yet there is too much uncertainty about the evolution of the market. That may be the reason why investors don´t consider Spain as a secure investment. On the other hand, to make the make the country less attractive, rental yields don´t reach 5%, not high enough to compete with other European countries.

Other circumstances must be taken into account, such as transaction costs or taxes. In regard with the cost of transaction, it ranges from 10,50% to 16,50% depending on the autonomous region in which the operation takes places. Property transfer tax varies from 7% to 10%, and a commission for the real estate agent is expected to be around 2,5% to 3%.

Spain´s housing market.

According to data provided by Global Property Guide, Spain´s housing market is just beginning to recover slightly. Although the capital, Madrid, is still suffering from continuous drops in prices, some regions, such as Balear and Canary islands, have shown better behavior over the last year. Barcelona is the only metropolitan area whose sellers have managed to achieve income in 2014.

Yet there is too much uncertainty about the evolution of the market. That may be the reason why investors don´t consider Spain as a secure investment. On the other hand, to make the make the country less attractive, rental yields don´t reach 5%, not high enough to compete with other European countries.

Other circumstances must be taken into account, such as transaction costs or taxes. In regard with the cost of transaction, it ranges from 10,50% to 16,50% depending on the autonomous region in which the operation takes places. Property transfer tax varies from 7% to 10%, and a commission for the real estate agent is expected to be around 2,5% to 3%.

 

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